Con el objetivo de superar el desfase de dos décadas de la Ley 3058, el Ejecutivo propone una normativa de hidrocarburos diseñada a la medida de las potencialidades del norte de La Paz. Según el mandatario, el actual esquema legal —fruto de una gestión legislativa sin visión técnica del Ejecutivo en 2005— ha quedado obsoleto para las demandas de desarrollo regional
El presidente Rodrigo Paz planteó formalmente la creación de un nuevo marco legal para el sector hidrocarburífero, diseñado específicamente para las potencialidades del norte del departamento de La Paz. El objetivo central es romper con el esquema de la Ley 3058, vigente desde 2005, y establecer condiciones que permitan a la región integrarse plenamente a la matriz productiva del país.
El fin de un ciclo: La crítica a la Ley 3058
Durante su intervención, el mandatario subrayó que la actual normativa ha quedado desfasada ante la realidad energética actual. Paz señaló que la Ley 3058 fue producto de un trabajo legislativo que careció de la participación activa y técnica del Órgano Ejecutivo en su construcción original, lo que derivó en un enfoque que no siempre responde a los desafíos operativos y de inversión de zonas no tradicionales.
«Necesitamos una normativa que nazca del criterio técnico y ejecutivo, capaz de responder a las particularidades geográficas y geológicas del norte paceño», remarcó el presidente, destacando que esta región requiere incentivos diferenciados para ser competitiva.
Descentralización de la inversión
Uno de los pilares de la propuesta es la democratización de la exploración y explotación de recursos. El presidente enfatizó que la política hidrocarburífera no puede seguir concentrada exclusivamente en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.
Con esta nueva ley, se busca que el norte de La Paz se convierta en un nuevo polo de desarrollo, atrayendo capitales que dinamicen la economía regional y generen regalías directas para el departamento.
Un debate de puertas abiertas
El proyecto de ley no será una imposición, según aclaró Paz. El mandatario anunció que el documento será presentado para un debate público y sectorial, donde se permitirá que diversos actores sociales, técnicos y empresariales realicen modificaciones, ajustes o añadiduras.
«La intención es construir un consenso que amplíe las oportunidades de inversión a nivel nacional», concluyó el mandatario, reafirmando que la apertura al diálogo es clave para garantizar la seguridad jurídica que demandan los nuevos proyectos en el sector.
